Durante la tarde del martes 3 de mayo, vecinos y vecinas de Andalgalá sufrieron una brutal represión en Choya, Catamarca, mientras resistían al proyecto minero MARA-Agua Rica. Enzo Brizuela, integrante de la Asamblea El Algarrobo, pasó por el programa radial Conciencia Rebelde y habló de lo ocurrido. Por su parte, Ezequiel Moreno, también de El Algarrobo, pasó por el programa La Retaguardia. Una de las manifestantes continúa detenida. 

“Cuando el gobierno es socio de las empresas multinacionales, se vuelve una dictadura. Eso está pasando acá, nos gobierna una dictadura político-minera. El pueblo está en el medio de sus negociados”, comenzó Enzo Brizuela, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca. La mañana del 3 de mayo, un grupo de vecinos y vecinas de Choya que se encontraban manifestándose en una de las entradas principales de la mina Agua Rica vieron pasar siete camionetas hacia la zona de los cerros. “Luego nos enteramos que fueron a desalojar el camino para que puedan subir las camionetas mineras, que tenían que hacer un recambio de personal, de combustible y de despensas. Y ahí arriba, la policía allanó el camino para que las camionetas suban y bajen. Como en ese lugar no hay señal telefónica, había una gran preocupación en la gente. Cuando las camionetas bajaron, los vecinos y vecinas decidieron hacer un corte de ruta, para exigir información de qué era lo que estaban haciendo arriba. Los policías les dijeron que desalojen o los iban a desalojar a la fuerza. Cumplieron su promesa y abrieron fuego a todo el mundo, sin importar que había mujeres, niños, ancianos. Hubo mucha gente herida, con balazos de goma en los tobillos, porque les tiraban ahí para que se caigan y poderlos correr de la calle. Mucha gente con balas de goma por todo el cuerpo, en la cara. Algunos terminaron hospitalizados, y hay una detenida que se llama Karina Orquera, que es del distrito de Choya, madre de familia, que al no acatar la orden de moverse, entre cinco y ocho masculinos la redujeron y la llevaron detenida. Todavía continúa detenida”, contó Brizuela.

El integrante de la Asamblea El Algarrobo se refirió a cómo actuaron las instituciones estatales de Andalgalá ante lo ocurrido. “El Hospital Chaín Herrera de Andalgalá no quiso comprometer a la institución y entonces negó todos los certificados a la gente que se fue a  ver ahí. Pero nosotros tenemos fotos. Ahora vamos a presentar denuncias por violencia policial. Por otro lado, el fiscal Martín Camps, de Andalgalá, cobarde como siempre, hizo traer a otros tres fiscales de la ciudad capital para que lo acompañen y quieren empezar una cazería de brujas, que es lo que suelen hacer después de este tipo de incidentes. Y buscan culpables. Entonces creemos que esto no va a terminar acá. Ahora el pueblo se está reorganizando, volviendo a los acampes y a las asambleas permanentes al costado de la ruta, de manera informativa”, dijo. 

En 2021 el Poder Judicial de Catamarca declaró inconstitucional la ordenanza 029/16, con perspectiva ambiental que protegía la cuenca del Río Andalgalá. La misma estuvo vigente desde 2016 hasta 2021. “Algo ilógico, porque el 70% del pueblo no quiere las mineras acá. Hemos hecho marchas de 2 mil, 3 mil personas cada sábado. Y el 10 de abril del año pasado, el gobierno con la policía organizaron un operativo enorme y hubo otra tremenda represión, con el objetivo de desarticular todo el movimiento ambientalista de acá. Tuvimos 11 personas detenidas injustamente, sin pruebas. Con causas armadas que quedaron en el tiempo, porque no hacen pericias ni nada. Entonces seguimos con las causas abiertas”, contó Enzo. 

Ezequiel Moreno, también de la Asamblea del Algarrobo, contó que estuvo presente en las dos represiones. “Se está realizando un acampe en Minas Capillitas, a 60 kilómetros de Andalgalá, que es una de los accesos que tiene la minera Agua Rica para entrar al proyecto. Allí hay vecinos y vecinas de Choya acampando hace un mes. La primera represión sucedió allá arriba, donde están los compañeros bloqueando el camino. La policía de Catamarca llegó temprano, subió al cerro custodiando a las camionetas de la empresa MARA, con el camión de combustible que sube cada una semana a recargar el proyecto y a acompañar a las camionetas que suben a los trabajadores que hacen los recambios. Arriba no hubo balas, pero sí empujones y golpes para que entren las camionetas. Luego, a la tarde sucedió lo siguiente. Para llegar al proyecto tienen que pasar por Choya, un distrito que está a 10 kilómetros del centro de Andalgalá, al pie de donde se encuentra Minas Capillitas. Allí está el otro bloqueo, arriba, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Cerca de las 19, cuando bajan las camionetas de los policías, se encuentran con el bloqueo, y al querer pasar se encuentran con los manifestantes, enojados porque sabían que arriba habían reprimido a sus vecinos y vecinas. Se bajan todos los policías y empiezan a avanzar y tirar balas de gomas a todos los vecinos, sin importar que había niños, mujeres”, relató Moreno. 
El día anterior a la represión, había comenzado a trabajar la Mesa de Minería Abierta, donde está el ministro Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; las cámaras mineras; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la encargada de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; Miguel Pelle, uno de los directores del Banco Central; Cecilia Nicollini, quien acompaña a Juan Cabandié en el Ministerio de Ambiente; entre otros. Esta supone ser una mesa de diálogo. Las asambleas no fueron convocadas. “El diálogo que tienen es la represión, porque en el mismo momento que hacían esa mesa estaban reprimiendo a nuestros compañeros en el cerro. Y después, a la tarde, reprimieron otra vez. Entonces es una mentira eso del diálogo. Los vecinos de Choya están en acampe hace un mes y siguen esperando que el gobernador Raul Jallil venga a hablar. Todavía no se presentó. Ni él, ni el ministro de Minería de la Provincia, que había prometido que iba a venir. La gente de Andalgalá no quiere megaminería. Lo venimos expresando hace más de 12 años. En 2010 fue la primera represión a la Asamblea El Algarrobo. A partir de ahí, todos los sábados el pueblo se manifiesta. O sea que no hay licencia social, nunca realizaron una audiencia pública. Lo único que queremos es que bajen las máquinas que están trabajando hace más de un año y medio, que entraron por la puerta de atrás. Que la megaminería se vaya de Andalgalá”, cerró Ezequiel.

 

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