La Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) advirtió que no cederá en su pelea por la protección de territorios durante el próximo gobierno de Gabriel Boric, quien a partir del próximo 11 de marzo sustituirá en la presidencia a Sebastián Piñera.

La región sur de Chile, donde se concentra la mayor población mapuche, el mayor grupo indígena del país latinoamericano, es escenario enfrentamientos entre fuerzas de represivas de «seguridad» y ciudadanos que sostienen demandas territoriales históricas. Actualmente, cuatro provincias de las regiones del Bío Bío y La Araucanía están bajo estado de emergencia, declarado el pasado 12 de octubre por el presidente Piñera.

«El weichan (lucha) no parará ni con Piñera ni con Boric», aseguró el grupo en un comunicado en el que se atribuyó una serie de acciones cometidas desde el mes pasado en varias localidades de la provincia del Arauco (región Biobío, ubicada en el centro del país).

El hecho más reciente fue el incendio de 31 inmuebles, pero antes quemaron decenas de vehículos, equipos y máquinas forestales. Por estas y otras protestas de colectivos mapuches, que el Gobierno considera como acciones «terroristas», Piñera decretó un estado de emergencia desde octubre que sigue vigente y que permite operativos de fuerzas de Seguridad y Armadas.

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«Con la contundencia de nuestras acciones reivindicamos a nuestros presos y caídos. Y con paso firme seguimos avanzando hacia la liberación del Wallmapu. Sabemos que este caminar seguirá trayendo sacrificio y dolor. Cárcel y muerte. Pero no claudicaremos«, señala el escrito en el que la RML repudia la sentencia que el próximo viernes se impondrá a ocho comuneros mapuches que ya fueron declarados culpables del asesinato de Eleodoro Raiman, un hombre de 69 años que falleció en diciembre del año pasado después de ser atacado a golpes.

Los acusados son Esteban, Manuel y Carlos Huichacura Leviqueo; Francisco Medina Huichacura, Matías Leviqueo Concha, Eliseo Raiman Colimán, Guillermo Camus Jara y Bernardo Camus Parra, quienes se consideran presos políticos.

En pie de guerra

En el comunicado, la organización afirma que los acusados del crimen de Raiman son «hombres de bien que deberán asumir el castigo del estado racista y opresor», y aseguran que los involucrados han sido víctimas de «las mentiras de traidores, fiscales y medios de comunicación».

«El gobierno y el payaso coordinador de la ‘macro zona’, Pablo Urquizar, insisten en hablar de un crimen a mansalva, pero eluden el fondo del asunto que hoy condenará a decenas de años de cárcel a nuestros peñi (hermanos), sabemos que el estado castigará a nuestros hermanos, humillará sus familias y hará ver de víctimas a los traidores», denuncian en el escrito.

No obstante, advierten que forman parte de un «pueblo rebelde» que avanza hacia su liberación, por lo que prometieron «expulsar a los usurpadores históricos» de sus territorios y rechazaron «los discursos de paz que intenta imponer esta falsa democracia«.

Del mismo modo, insisten en que no soltarán sus armas mientras continúe la devastación de sus territorios, las empresas turísticas «se sigan lucrando» de los recursos en esos predios «y las cárceles del sur continúen llenas de mapuche».

El conflicto persiste en la zona, a pesar de que Gabriel Boric, quien el pasado domingo se convirtió en el presidente electo del país, ha prometido avanzar «hacia una nueva relación con los pueblos originarios«.

En esa línea, Boric insistió en reconocer «el derecho de los pueblos originarios de mirar el mundo desde otras perspectivas lingüísticas y culturales».

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