La Lof Quemquemtrew continúa resistiendo en la recuperación de sus tierras ancestrales en el paraje de #CuestadelTernero, a 15 kilómetros de El Bolsón en #RíoNegro. Compartimos las vivencias de la comunidad mapuche en sus propias voces desde el acampe humanitario que sostienen frente al retén policial que bloquea la ruta 6 e impide que se brinde alimento y abrigo a quienes llegaron al cerro luego del allanamiento devenido en desalojo ordenado por la fiscal Betiana Cendón con el apoyo de la gobernadora Arabela Carreras. Producción audiovisual de ANRed y Aislamiento Antirrepresivo.

La causa judicial contra el derecho a la propiedad comunitaria de Lof Quemquemtrew se inició en septiembre con la denuncia del empresario Rolando Rocco, quien ocupa 2550 hectáreas de tierras fiscales que le fueron concedidas por el Estado el 10 de mayo de 2011. Desde ese momento, el aparato estatal de Río Negro se puso a disposición de los intereses del privado, una práctica habitual de una de las únicas provincias que no ha aplicado la Ley 26.160 vigente desde 2006 que obliga a los estados nacional y provinciales a realizar un relevamiento territorial de las comunidades originarias para que se les entreguen los títulos de propiedad originaria.

«Nosotros recuperamos un territorio que estaba en manos de un empresario que se dedica a la explotación de monocultivo de pino, Rolando Rocco, quien no tiene ningún título de propiedad sino sólo una concesión para plantar pinos, que no paga impuestos. Y el pino se convierte en plaga, que se está introduciendo en el bosque nativo. Fue uno de los grandes factores para que el incendio que se produjo en el verano se convierta en incontrolable», explica Romina Jones, integrante de la lof Quemquemtrew luego de presentarse en mapudungun, la lengua mapuche. El resto de sus compañeras y compañeros que participan del campamento deben cubrir sus rostros con improvisadas capuchas para no recibir represalias de la policía al volver a sus hogares.

Foto: Germán Romeo Pena

“El allanamiento de identificación de personas se transformó en un desalojo encubierto comandado por la Fiscal Betiana Cendón y el Fiscal Arrien pero dirigido por el gobierno de Río Negro, a la cabeza de Arabela Carreras” explica sobre el procedimiento que sufrieron. Ese día las fuerzas policiales organizadas en la Escuela Primaria Lucinda Quintupuray dispararon balas de plomo y gases lacrimógenos contra personas ancianas, hombres mujeres y niñeces de la Lof Quemquemtrew. Al día de hoy cuatro personas están procesadas, algunas pudieron llegar al cerro donde aún resisten y otras formaron el acampe humanitario que hace más de un mes intenta brindarles alimento y abrigo; derecho que es negado por una medida cautelar de la fiscalía.

“Todos negaban que la escuela este siendo base de operaciones de la policía, pero sabemos que días previos al allanamiento los niños fueron a contar a sus madres que estaba la policía dentro de la escuela y que decía que iban a matar a los mapuches”, cuenta Romina y recuerda que la escuela se llama Lucinda Quintupuray en homenaje a una mujer que se negó a vender sus tierras. “Lucinda es una papay, una abuela que fue asesinada en el año 1993 de cuatro balazos, en ese territorio también había intereses de empresarios. Poco tiempo después uno de sus hijos que estaba investigando la muerte de su mamá también apareció muerto, supuestamente ahogado”.

«La sangre que corre por nuestras venas es mapuche, y nuestro pueblo es históricamente guerrero y luchador. No pudieron extinguirnos ni tampoco callarnos. Hoy nos levantamos y por eso somos el enemigo interno de los gobiernos, tanto nacionales como provinciales. Ha quedado demostrado con lo que sucedió con el compañero Santiago Maldonado en Cushamen y con lo que sucedió con el lamuen weichafe (hermano guerrero) Rafael Nahuel Yem. Eso fue una muestra de poderío para que nos quedemos callados, pero, a pesar de eso, al haber tenido una historia de tanto despojo, de tanta muerte, de tanta violencia, ya no tenemos miedo», sostiene.

«Rocco no tiene ningún derecho por más que tenga un papel, porque vino de afuera. Nosotros somos preexistentes. No vinimos de afuera, nacimos en este lugar. Nuestros ancestros dejaron su sangre. Han bañado todos los territorios con su sangre», explica una abuela de la comunidad. Y agrega: «nosotros aprendimos la lengua, aprendimos sus leyes, y también aprendimos la nuestra. Entonces, por un derecho que tenemos por ley, y que el Estado dijo ‘sí’, los pueblos preexistentes tenemos derechos. Las leyes están, pero el Estado no las respeta», remarca.

Finalmente, sentencia: «si el Estado no respeta nuestros derechos esto no va a terminar, porque esto recién empieza».

Foto: Germán Romeo Pena

Hasta el momento la fiscalía rechazó los Habeas Corpus presentados para que cese el bloqueo policial a la Lof en recuperación territorial ancestral. Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche sostienen que transcurrido ya un mes del operativo «la situación no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado: no sólo porque continúa la prohibición de acercar alimentos y abrigo al territorio recuperado, si no porque se ha vuelto mayor el hostigamiento con el envío de fuerzas federales, la gendarmería nacional, a pedido de la gobernadora Carreras y avalado por el gobierno nacional.»

El jueves 28 de octubre la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena obtuvo media sanción en el Senado. Mientras la cuenta regresiva corre para los 40 pueblos preexistentes, ya que la ley pierde vigencia el 21 de noviembre. Una situación que podría habilitar que se multipliquen los desalojos violentos, en un contexto donde se produce una escalada de discursos de odio, estigmatizantes y racistas en varios medios de comunicación comerciales hegemónicos, de los cuales se hacen eco terratenientes, empresarios y políticos.

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