Por Izquierda Diario.

Tenía 17 años. Amigos y familiares de Lucas marcharon exigiendo justicia. A las 23 h todavía no habían sido detenidos los policías que actuaron. El Gobierno de la Ciudad habló para defender a la Policía, intentando enfocar el problema en solo tres efectivos. No es un policía, es toda la institución.

Poco antes de las 18 h de este jueves se confirmó la noticia más triste: el fallecimiento del joven Lucas González, jugador de Barracas Central que había sido baleado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la mañana del miércoles.

Los hechos ocurrieron ese día, alrededor de las 9.30 h. Lucas, junto a tres amigos, salían de un entrenamiento en el club Barracas Central. A pocas cuadras fueron interceptados por un auto Nissan Tiida blanco, que no tenía identificación policial. Del vehículo bajaron tres hombres de civil desenfundando armas de fuego. Creyendo ser víctimas de un robo, los jóvenes intentaron zafar del bloqueo y fue en ese momento donde los policías comenzaron a dispararles y disparar el auto en el que se movían.

Lejos de asistir a Lucas, que estaba gravemente herido, los efectivos de civil directamente detuvieron a los jóvenes. Posteriormente, en abierta complicidad, el juez Alejandro Cilleruelo, titular del Juzgado de Menores 4, ordenó la detención de los cuatro jóvenes atacados. A los tres que resultaron ilesos se los trasladó en calidad de detenidos al Instituto Incháusti, donde quedaron retenidos hasta la mañana de este jueves. Lucas fue llevado al Hospital Penna bajo custodia policial. En la madrugada de este jueves lo llevaron al Hospital El Cruce de Florencio Varela. Allí finalmente falleció.

En la tarde de este jueves familiares y amigos de Lucas, junto a vecinos y organizaciones solidarias se movilizaron repudiando este brutal caso de gatillo fácil y reclamando que no quede impune. Marcharon a la comisaría de Barracas.

El asesinato y la protesta se convirtieron en un verdadero hecho político nacional, que concitó la atención de los grandes medios y se ubicó en el centro de la agenda. No es para menos: volvió a evidenciar el nivel de impunidad con el que actúan las fuerzas represivas en las barriadas humildes. Esa prepotencia y brutalidad hacia la juventud pobres no es privativa de la Ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, se ve a nivel nacional, en cada provincia y distrito, más allá de quien gobierne. Por solo citar dos ejemplos, la Bonaerense de Berni y Kicillof o la Policía de Schiaretti también son responsables de múltiples casos de violencia institucional y de gatillo fácil.

Horas después de confirmarse la muerte de Lucas, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, dio una conferencia de prensa para informar sobre la investigación y sostuvo que los policías involucrados fueron separados. El funcionario afirmó que “anoticiado del hecho, inmediatamente ordené a la Oficina de Transparencia y Control Externo que se realice el sumario administrativo correspondiente, a los efectos de deslindar las responsabilidades, el desarme de los efectivos, los separamos de función operativa y el pase a disponibilidad”. Agregó que “se dio la orden de que las pericias las realice la Policía Federal Argentina”.

Mientras el funcionario defendía a la Policía en la conferencia, en la movilización en Barracas, los amigos de Lucas y otros jóvenes confirmaban que el accionar de policías de civil que detienen jóvenes y les disparan es un ya un modus operandi de esa fuerza en los barrios humildes. Y que existen más casos de gatillo fácil a raíz de este tipo de prácticas.

El Gobierno de la Ciudad defendió la institución, pero no se trata de un caso aislado como buscó mostrar D´Alessandro. Según un informe de Correpi, con esta nueva víctima ya son 121 los casos de gatillo fácil en todo el distrito porteño en solo cinco años. 

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