Ayer (Martes 5 de Octubre) la Cámara Conclusional de Tucumán condenó a prisión perpetua a los policías Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca a reclusión perpetua por el asesinato del menor de 12 años Facundo Ferreira.
Díaz Cáceres y González Montes de Oca fueron considerados coautores de homicidio doblemente agravado. Un caso de gatillo fácil en la provincia de Manzur.
En la madrugada del 8 de marzo de 2018, Facundo Ferreira(12) viajaba en moto con un amigo, cuando los efectivos policiales Mauro Díaz Cáceres y Nicolás Montes de Oca comenzaron a perseguirlos a contramano. Durante la persecusión, sacaron su arma reglamentaria y dispararon contra los chicos. Uno de los disparos impactó en la nuca de Facundo Ferreira y lo asesinó en el acto.
La Cámara Conclusional de Tucumán decidió condenar a prisión perpetua a los policías. Díaz Cáceres llegó al juicio en libertad, ya que continuaba ejerciendo su rol como efectivo de la Policía de Tucumán, realizando tareas administrativas. Su colega estaba preso, aunque por el robo de una cartera. «Actuamos de acuerdo al protocolo. Tenemos el apoyo de la institución policial. La sentencia justa es mi absolución, porque yo soy inocente», dijo Montes de Oca en sus últimas palabras antes de ser condenado.
«Más de tres años después, con la lucha incansable de la familia de Facundo y las organizaciones sociales, políticas y de DDHH que les acompañaron, se hizo justicia y se condenó con la pena máxima al gatillo fácil» expresaron desde La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
Gatillo fácil en la Tucumán de Manzur
Desde un primer momento hubo un respaldo del Gobierno de Juan Manzur a la versión policial de un enfrentamiento donde los menores iniciaron los disparos y los uniformados actuaron en defensa propia. El ministro de Seguridad provincial Claudio Maley fue el vocero de esta versión que contrastaba con los testimonios y las primeras pruebas, afirmando que “no se trató de un caso de gatillo fácil, ya que los agentes actuaron contra un claro ataque y contra una agresión; como es su deber y obligación”. Maley coincidió en los mismos términos con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que habló en los medios de menores armados y disparando, volviendo a su “doctrina Chocobar” para justificar la violencia policial.
Los ministros de Macri y Manzur fueron desmentidos por las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se ve cómo los policías manipularon la escena del crimen mientras Facundo agonizaba sin ser asistido. Durante el juicio se mostraron las pruebas de que los policías dieron aviso a la justicia una hora y media después y el niño fue ingresado a un hospital con un nombre falso y como mayor de edad. Los peritajes confirmaron que los tiros habían provenido del lado de los policías (Díaz Cáceres realizó seis tiros y Montes de Oca tres) y fueron realizados a corta distancia.
Con todas esos hechos sobre la mesa, Manzur nunca se pronunció públicamente sobre el caso pero los abogados de los policías continuaron siendo pagados por el Gobierno. El juez Maggio -nombrado por Manzur pese a ser abogado de genocidas- negó las prisiones preventivas, por lo que Díaz Cáceres continuó cumpliendo otras funciones en el 911 y Montes de Oca solo fue detenido tras robar una cartera. En febrero del 2020, Malvina Ferreira, tía de Facundo, denunció: “el gobernador nos quiere hacer callar con casas, poniéndonos una panadería” y durante el juicio Mercedes, la abuela de Facundo, ratificó ese ofrecimiento durante una reunión con Maley.